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RENTA BÁSICA UNIVERSAL: ¿INGRESOS GRATIS PARA LAS PERSONAS?

En 2017 fue tendencia en todos los diarios mundiales el experimento finlandés de darles a dos mil ciudadanos desempleados una renta básica mensual de 560 euros libres de impuestos. Lo que los expertos catalogaron como una medida innovadora progresista que disminuiría la desigualdad, sacaría de la pobreza a miles de personas y contribuiría al utópico Estado de Bienestar propuesto por Otto von Bismark en la Prusia imperial, terminó en diciembre del año pasado. Pero ¿qué pasó en esos dos años y por qué el Estado finlandés decidió acabar el experimento? 

La Renta Básica Universal (RBU) tiene historia desde el manuscrito de El Capital de Karl Marx, quien promulgaba que contribuiría a un ambiente equitativo e igualitario. Por su parte, Bertrand Russell, en Estados Unidos, planteó que el Estado debía proveer a todos los ciudadanos un ingreso mínimo para cubrir las necesidades y a los empleados darles una porción mayor para incentivarlos a no dejar el empleo. En 1970, el nobel de economía, James Meade, acuñó el término “dividendo social” que consiste en repartir los dividendos que deja el petróleo en partes igual para todos los ciudadanos, partiendo de la base de que los recursos naturales no son de nadie y por ende quien los explota debe pagar una cuota de uso. Ahora, el filósofo y sociólogo belga Phillipe Von Parijs, el economista Thomas Piketty, entre otros intelectuales, son quienes retoman esta medida económica.

En concreto, la RBU puede definirse como un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano, independientemente de su condición económica, física, mental, racial y sexual. La gran diferencia con un subsidio es que la RBU no está segmentada para atender a un grupo en estado de vulnerabilidad o para proteger a quienes no participan de ningún sector económico. En su definición explícita, la renta básica sería un derecho individual, universal e incondicional, mientras que un subsidio equivale a una prestación monetaria condicionada y no acumulativa.

La RBU tiene una gran particularidad y es que posee admiradores tanto de posiciones económicas liberales como intervencionistas. Quienes la defienden aseguran que ayudaría a la redistribución del ingreso pues los desempleados no ofrecerían su trabajo por un mal salario, no habría personas en condiciones de pobreza, por lo tanto los políticos no se aprovecharían de ellos para elegirse mediante propuestas populistas, y por último, en medio de la cuarta revolución industrial, donde la automatización está reemplazando a gran velocidad la fuerza laboral rasa, quienes generan la plusvalía son los pocos dueños de las máquinas, por lo que deberían redistribuirla pagando mayores impuestos para financiar la RBU.

En la otra orilla están quienes definen que la renta básica sería un incentivo perverso que aumentaría la deserción laboral, afectando la producción de las empresas y por ende el crecimiento económico de los países. Además, consideran disminuiría la productividad laboral, pues la gente no tendría miedo de perder su puesto de trabajo, aumentando el desempleo y disminuyendo la capacidad adquisitiva agregada del país. Argumentan también que incrementaría el flujo de migrantes a los países que adopten la medida, generando altos costos de financiación y finalmente contribuiría al ocio y parasitismo.

Según lo anterior, en Finlandia lo que se propuso fue un subsidio al desempleo y no una renta básica mensual. El simple hecho de que el ingreso fuera destinado exclusivamente a desempleados rompe la regla principal de la RBU de ser un derecho extensivo a todos los ciudadanos. De manera adicional, la suma no cubría siquiera las necesidades básicas de las personas y la muestra fue muy pequeña, por lo que los resultados no son representativos para la economía. Finlandia deseaba probar que una renta básica libre de impuestos podía solucionar un problema: la falta de incentivos para buscar empleo por parte de aquellos que cobraban el subsidio y que en muchos casos perdían dinero si aceptaban un trabajo temporal. El país nórdico ha decidido finalizar el programa, ya que no ha tenido resultados concretos en ningún ámbito: ni en bienestar, ni en la disminución del desempleo, que en el 2017 se ubicaba en 9.2%, uno de los más altos entre los países del norte de Europa.

A pesar del fracaso finlandés, la discusión de la renta básica está más viva que nunca. Italia iniciará el experimento este año, otorgando 780 euros mensuales a las personas con dificultades económicas que vivan solas y por un máximo de dos años. En España, el PSOE tiene una propuesta similar en la agenda legislativa y en Suiza el 75% del parlamento votó en contra de esta medida. Todo apunta a que los países están cansados del fracaso de los subsidios y buscan medidas innovadoras que solucionen la problemática de la pobreza y la desigualdad, que día a día van en aumento

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