El dilema en la aplicación de las normas Niif

Aunque algunos temen que las nuevas normas contables puedan ser usadas para libre interpretación, en la Supersociedades aclaran que se debe aplicar el juicio profesional y que cualquier decisión debe ser justificada.

Este 2017 será el primer año en que la información sobre la salud financiera de las compañías colombianas estará en un lenguaje internacional, lo que permitirá comparar si sus negocios son más o menos rentables que los de sus pares de otros países.

El cambio es el resultado de la implementación masiva de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), que primero aplicaron las grandes compañías y las que están en bolsa –conocidas como el grupo 1– y que ahora ya están empleando las firmas que tienen entre 11 y 200 trabajadores y entre 500 y 30.000 salarios mínimos en activos –que son el grupo 2–. A ellas se suman las empresas que voluntariamente decidieron arrancar con las Niif.

De esta manera, unas 26.000 compañías del sector real, pues ya todas las financieras están bajo Niif, deberán presentar ante las autoridades su situación financiera medida bajo unos nuevos parámetros que buscan más claridad para sus accionistas, acreedores y público en general.

No obstante, la aplicación de las Niif no ha sido fácil y ha traído retrasos y muchas dudas, pues para algunos expertos la transición hacia las nuevas normas contables se ha prestado para distintas interpretaciones en temas como las depreciaciones, que al final afectan el patrimonio o los resultados.

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“Es el caso de compañías de renting de vehículos, que ahora por Niif dicen que van a depreciar esos carros a 10 años, cuando se sabe que se gastan más rápido porque son de trabajo, pero los terminan ajustando para presentar unas mejores cifras”, dice un experto financiero que es consultor de varias compañías.

El temor de este experto y de otros de sus colegas es que las Niif parecen ser de libre interpretación y que se corre el riesgo de que los contadores de las empresas manipulen las cifras; es decir, que pase algo similar a cuando se incurre en elusión de impuestos, que es cuando el contribuyente busca evitar el pago de tributos utilizando maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta.

Este temor es completamente rebatido por la Superintendencia de Sociedades, que ha sido la entidad promotora de las Niif. Allí explican que el nuevo marco normativo busca que con él se refleje la realidad financiera de las empresas y, por ende, los contadores y auditores puedan aplicar su juicio profesional para determinar cómo usar las normas, obviamente de forma responsable y explicando por qué optan por una alternativa y no por otra.

Foto: Francisco Reyes, superintendente de Sociedades

Por ejemplo, si una empresa tiene un edificio, a la hora de contabilizarlo puede decidir si lo valora solo por su uso o si lo va a hacer por su valor de recuperación por medio de una venta. Es claro que, si es un edificio nuevo o a donde recién se pasaron, tal vez la opción sea la primera, pero si ya están pensando en mudarse, entonces podría ser la segunda alternativa. Lo importante es que esto quede claro en los anexos y que cuando lo revise el auditor este también lo entienda y lo avale.

La Dian manda

Con respecto a las dudas frente a los tiempos para depreciar los activos, en la Supersociedades explican que los plazos para hacer esa operación no cambiaron con las Niif, sino con la pasada reforma tributaria, con la cual se empezaron a ajustar las normas impositivas con las nuevas reglas de contabilidad.

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El tema es que tradicionalmente en Colombia las empresas han llevado sus cuentas con la referencia fiscal, para ajustarse al pago de impuestos, y no tanto con la referencia contable, y como la tributaria amplió el plazo para depreciar los activos de 20 a 40 años, entonces muchas empresas están ampliando las depreciaciones. “Antes y ahora se pueden manipular las cifras, la culpa no es de las Niif. Si una empresa decide ajustar la vida útil de sus activos de acuerdo con lo que dicta la Dian, bien lo puede hacer, lo importante es que explique por qué”, dicen en la Superintendencia.

Justamente por los cambios de la pasada reforma tributaria en depreciaciones, se evidencia entre las empresas que ya entregaron sus estados financieros una extensión de la vida útil de sus propiedades, plantas y equipos.

Cambio de mentalidad

De las casi 26.000 sociedades que deben reportar su información financiera a la Superintendencia de Sociedades, 3.577 son del grupo 1 y 22.326 del grupo 2. Entre las primeras, ya 94,1% presentó sus cifras del año pasado con Niif y de las segundas ya lo hizo 81,8%, unos porcentajes de cumplimiento que son satisfactorios para el organismo de control.

Las empresas que no cumplen con el envío de los datos o que no lo hacen correctamente ya están empezando a ser requeridas por la Supersociedades y, si persiste el incumplimiento, serán multadas; sin embargo, más que sancionar, lo que se busca es cambiar de mentalidad, pues desde hace 8 años el país tomó la decisión de renovar su marco contable.

“Entendemos que esta es una transición grande, pues desde hace más de 30 años se venían usando las mismas normas, pero ahora lo que se busca es una construcción colectiva que permita la comparabilidad de las empresas y mostrar su realidad financiera”, insisten en la Superintendencia.

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Es claro que los cambios no son fáciles, pero también es cierto que, en la medida en que el país se quiera internacionalizar, es necesario que todos los sectores, incluidas las empresas, empiecen a usar un lenguaje global y la contabilidad no es la excepción.

Foto: Pedro Luis Bohórquez, contador General de la Nación

Con menor déficit

Las entidades del sector público consolidado obtuvieron ingresos operacionales por $407,8 billones en 2016; es decir, 9,5% más que un año atrás, según el balance presentado por la Contaduría General de la Nación.

Ante esta institución debían reportar sus estados financieros 3.762 entidades, pero 7% de ellas incumplió, lo que implica que 247 quedaron omisas.

No obstante, con las cifras recopiladas se evidencia que el servicio que les generó más ingresos a las empresas estatales fue la venta de energía, con $12,8 billones, seguido del servicio de transporte, con $9 billones. Al final del ejercicio de 2016, el sector público consolidado registró un déficit de $4,6 billones, inferior a los $36 billones de 2015.

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